Las activistas fueron denunciadas en octubre de 2007 por una organización ligada al gobierno de Daniel Ortega, que las acusó de cometer apología del delito en un caso de aborto terapéutico a una niña de nueve años que había sido violada y embarazada por su padrastro.
El caso de la niña conocida como "Rosita" ocurrió en 2003 en una barriada de inmigrantes nicaragüenses en Costa Rica, desde donde la menor fue trasladada a Nicaragua para interrumpirle el embarazo." (Leer noticia completa)