
La nueva ley fue de inmediato contestada por la Iglesia Católica, la Santa Sede y diversas organizaciones vinculadas al catolicismo. Antes y después de la aprobación hubo masivas marchas para que no prosperara. El Partido Popular anunció que la derogará si gana las próximas elecciones y recurrió al Tribunal Constitucional, al que también le reclamó que mientras decide si encuadra o no en la Carta Magna –un trámite que llevara tiempo– suspenda su aplicación." (Leer noticia completa)