"Si un embarazo fue producto de una violación y está en juego la salud psíquica de una adolescente de 15 años, ¿quién puede obstruir su derecho a acceder a un aborto no punible? El caso encuadra en los permisos previstos en el Código Penal. La niña no sólo vive el sufrimiento mental causado por el ataque sexual, denunciado en la Justicia; también, los efectos que sobre su psiquis habrá producido, seguramente, el hecho de que el perpetrador es alguien en quien ella depositaba su confianza como cuidador, dado que vivían en la misma casa como pareja de su madre desde hacía tiempo, de acuerdo con la denuncia penal. Un detalle que no es menor es que el acusado es un servidor público: es agente de la policía provincial." (Leé la noticia completa)Fuente: Página 12, Mariana Carbajal
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